EL (LA) ARQUEÓLOGO(A) Y SUS MÚLTIPLES PÚBLICOS: REFLEXIONES DESDE COSTA RICASOBRE EL QUEHACER CIENTÍFICO Y SOCIAL DE LA DISCIPLINA Y SUS POSIBILIDADES

Mónica Aguilar Bonilla*
Jeffrey Peytrequín Gómez **


La comunicación, el papel del poder y la legitimación
La investigación arqueológica conlleva no sólo los aportes que se puedan realizar con respecto al conocimiento de las poblaciones antiguas, también involucra una serie de compromisos con las poblaciones actuales. Esto ya que no se puede pasar por alto que los procedimientos de los especialistas responden a intereses particulares y nacionales; es por ello que en la presente ponencia se hace alusión al conocimiento científico y su papel legitimador con relación al poder otorgado a los encargados de velar por el patrimonio cultural arqueológico.


Las relaciones entre los individuos (o grupos) y la comunicación tienen un papel fundamental de informar o actuar sobre otra persona(s). Sin embargo, el poder viene dado por la legitimidad, la cual, según Della Fave (1986) debe ser entendida como “una propiedad de los patrones de conducta esperados de las instituciones, particularmente del Estado, patrones establecidos sobre la base de luchas pasadas”. Dicho autor resalta la distinción entre la legitimación vista -como aceptación de la normativa- y el consentimiento como conformidad conductual.


La legitimación se puede dar a nivel macro: articulada en la cultura social e instituciones y micro; que sería de “cara a cara” e individual. Aquí se concibe como:

el proceso multidimensional con el que el Estado logra la aceptación de sus pretensiones, destacando el proceso de construcción social de formas de subjetividad que predisponen a los individuos, particularmente a aquellos que integran los grupos sociales subordinados, a aceptar las pretensiones de validez del Estado y el orden social estratificado que caracteriza a las sociedades asimétricas (Solano 1999: 29-30).

En este sentido, la socialización va a constituir un factor fundamental, tanto en el reconocimiento del poder (sea personal o institucional) y, por ende, la legitimación del mismo.


Aquí el discurso toma un papel preponderante, donde necesariamente se debe relacionar la historia y el conocimiento en general. Foucault no se limitó a considerar el pensamiento y el conocimiento como dependiente del paradigma dominante, sino que la propia realidad es generada por aquel. Resaltó el rol articulador que ejercían las formulaciones discursivas, las cuales; debían considerarse de segundo nivel ya que estaban preexistentes en las redes de poder en que se movería. Dicha relación se encuentra mediada por el conjunto de la cultura, introyectándose en el individuo aún antes de ser consciente de ello. Al estar la cultura cruzada de relaciones de poder, está presente en el acto de conocer (Ifrán 2009). Entonces, “el análisis y la descripción de los comportamientos comunicativos permiten acceder a cualquier otro tipo de práctica social propio de un grupo humano determinado” (Gaínsa 2000:14).


Como ya lo señalaba Weber a comienzos del siglo y lo reafirma en la actualidad B. Bernstein (1971, referido en Solano [1991]), el lenguaje a la vez articula las experiencias del individuo y conlleva determinada(s) manera(s) de "leer la realidad”. Si se concibe al ser social de manera integral, la misma existencia de los sectores sociales subordinados explica la necesidad de acción por parte de los intelectuales en el desarrollo de la conciencia y limitaciones de su intervención (Solano 1991: 42-43).


A la luz de la información presentada y de los problemas con relación a las acciones inadecuadas por parte de “los otros”, surge la necesidad de definir un “nosotros”. Por esa razón, se discutirá brevemente algunas de las particularidades de los orígenes de la disciplina arqueológica, enfocado en las concepciones de ética.

Los orígenes y práctica de la disciplina arqueológica
Para poder comprender las características que rodean el ejercicio de la disciplina arqueológica, así como su identidad, resulta indispensable considerar cómo fueron sus orígenes y ¿por qué se ha desarrollado de la manera en lo ha hecho? Dicha ciencia surgió como un estudio de carácter del “arte histórico”, esta fase dio inicio durante el Renacimiento en Europa, hacia el siglo XV. En esa época se excavaba y se presentaron los primeros informes arqueológicos. A este respecto, se le dio un especial interés a las urnas fúnebres, los ajuares funerarios y a la posición de los individuos; manteniéndose dicho énfasis por más de dos siglos.


Es hacia el siglo XVIII que se desarrolla una fase cuya orientación estaba aún más dirigida al coleccionismo. El acento se daba en la admiración hacia los artefactos (con un carácter y valoración artístico, de exaltación humanista -característica de la Ilustración-) y se buscaba la interpretación de “escenas clásicas”[1] ; continuando obviamente con el interés en los materiales depositados en tumbas (Orton et al. 1994:3).


Ha existido un vínculo prolongado en el tiempo entre los europeos con la arqueología. Lo que, a la vez, les permitía considerar a los restos culturales como parte “real” de su historia al identificar períodos temporales que están documentados con materiales gráficos (entre ellos escritos) de diversa índole y adjudicándoles una adscripción de herencia.


Esto marcó una gran diferencia con la práctica de la arqueología en los Estados Unidos y América en general, donde los estudios surgieron a partir del siglo XIX y XX; siendo mucho más recientes y desvinculando la historia antigua de la actual. En este sentido, se marcó una ruptura entre “la prehistoria” y la historia a partir de la colonización europea; apoyado en parte con la carencia de escritura de las sociedades antiguas de esa parte del continente (exceptuando a las culturas mesoamericanas).


Además, con la apropiación de las teorías evolucionistas darwinianas, se justificó un trato diferenciado entre las sociedades nativas en contraposición a su pasado, en algunos casos glorioso; posiblemente influenciado éste por “grandes civilizaciones antiguas”. Mientras los actuales descendientes eran vistos como “decadentes”; no obstante, como mencionaron Willey y Sabloff (1974) estas posturas permitieron dar paso a un desarrollo de la arqueología con una visión diacrónica. Lo anterior, permitió explicar las diferencias en la cultura material y las sociedades de las que eran producto a nivel cronológico y, de esta forma, “practicar una disciplina más científica” que posibilitase responder a preguntas como ¿quiénes hacían los artefactos, cuándo y cuál era su función?


Para el caso de Estados Unidos, el proceso de desarrollo de la disciplina se vio ayudado por la apertura de su enseñanza en centros universitarios, poco tiempo después de instaurarse la arqueología como ciencia opuesta al huaquerismo; lo cual, diferenciaba la primera del segundo en cuanto metodología y fines de la práctica misma.


Con relación a lo acotado, surgió una práctica de la arqueología que se definía como una disciplina científica, cuyo objeto de estudio cumple con una función de carácter investigativo, más que social[2] ; aquí entra en juego el inicio de cómo se dio el uso y manejo del poder (por parte de los especialistas) y su compromiso o no con la sociedad.


Es por ello que desde un principio la arqueología estuvo íntimamente ligada a universidades y museos, lo que le ha brindado una de sus principales características identitarias; el ser una “empresa de índole científico y objetivo”. Esto, como menciona Wylie (1996:155), se refleja en la literatura que se genera, así como en su enseñanza oficial y práctica.


Lo anterior también es evidente en el estatuto y "las declaraciones de ética" que han sido adoptadas por las sociedades arqueológicas mayores en últimos los treinta años. En algunos casos, sobre todo el de la Sociedad de Arqueología Americana (SAA), dichas políticas éticas han tenido que ser revisadas en diversas ocasiones; debido a los cambios que se están presentando en la práctica arqueológica actual. Sin embargo, el énfasis sigue siendo un compromiso central más de corte academicista; aunque disputado y reformulado durante los años.


Se manifiestan aspectos de principal interés. El primero corresponde a la presión enfrentada por los arqueólogos profesionales[3] en su ejercicio diario, lo que provocó la creación de la Dirección del Recurso de Cultura (CRM) a cargo del gobierno para proteger al patrimonio. Es así como desde mediados de la década de 1950, un grupo de la Sociedad de Arqueología Americana sostuvo la necesidad de establecer un código de normas para la práctica científica. El mismo, tenía que definir "quién era un arqueólogo y qué era lo que esa persona estaba calificada para hacer" (MacGimsey 1995:11).


Lamentablemente, en Costa Rica no existe una normativa como la mencionada. La única con la que se rige el ejercicio privado es el decreto que reglamenta los procederes de la Comisión Arqueológica Nacional (CAN). No obstante, está orientado a su propio proceder; por lo que la regulación -tanto para los profesionales privados, como institucionales- queda a su interpretación por parte de los integrantes de dicha Comisión.


Lo que sí queda claro a nivel regional (y Costa Rica no es la excepción) es el papel que los arqueólogos, desde el mediados de la década de 1970, han asumido en pro de la abogacía y esfuerzos de conservación. Esto en contestación a la destrucción acelerada de recursos arqueológicos por diversas razones. A partir de ese punto, se dio un mayor compromiso con las metas científicas que justificaban las políticas de conservación arqueológicas y esfuerzos por el salvamento de los mismos (como valores que deben resguardarse); siendo un recurso crucial e irreemplazable para entender el pasado cultural de una herencia colectiva (Wylie 1996:155).

La identidad en la práctica arqueológica y el movimiento mundial de conservación y profesionalización para el estudio de sitios arqueológicos


Durante el siglo XX tomó fuerza una práctica de la arqueología dirigida ya no a los intereses anticuaristas que le dieron origen, este proceso se aceleró a finales de la I Guerra Mundial; cuando una “nueva Arqueología” declaraba que su preocupación iba más allá de los objetos y se enfocaba en las relaciones existentes detrás de dichos artefactos con las personas y sociedades que los produjeron (Dixon 1913:563-565).


A este punto, resulta importante trabajar con el concepto de “campo científico” ya que si la legitimidad de la ciencia recae en la verdad que puede brindar, la especificidad reside más bien en la estructura y el funcionamiento que dicha ciencia puede dar al conocimiento. Es así como el campo científico es

la lucha competitiva que tiene por desafío específico el monopolio de la autoridad científica, inseparablemente definida como capacidad técnica y como poder social o el monopolio de la competencia científica que es socialmente reconocida a un agente determinado, entendida en el sentido de capacidad de hablar e intervenir legítimamente (es decir de manera autorizada y con autoridad) en materia de ciencia (Bourdieu 1994: 12).

Si bien se puede mencionar que este fue uno de los principios de auto-reconocimiento y proyección que lideraba el quehacer científico de la disciplina, en contraposición a prácticas ilícitas de saqueo y coleccionismo; este principio cambió drásticamente para finales del siglo XX.

 

En cuanto a la legitimación de la práctica arqueológica y, por ende de su identidad como disciplina, dos elementos de gran importancia relacionados son el concepto de “nacionalismo” y las identidades nacionales. El primero visto como parte de un plan de construcción de mitos de homogeneidad (Fernández de Rota 2005: 59) de las naciones emergentes. El segundo, en donde diferentes significados se asocian a sentidos de pertenencia y se elaboran a través de referencias de origen, continuidad, destino; y pueden ser socialmente naturalizados y asumidos (Sandoval 2003:4).


Actualmente estos recursos culturales son comprendidos como todos los elementos de una cultura necesarios para definir un propósito social y alcanzarlo. Exigen que se cumpla una serie de condiciones que podemos entender como recursos culturales puestos en acción; los cuales implican saberes, habilidades tecnológicas, oportunidad en los tiempos, convicción de su necesidad, conocimiento sobre la legislación, entre otros factores para ser ejecutados o no.


Obviamente se está haciendo alusión a todos los elementos relacionados con el recurso arqueológico y las culturas que lo produjeron; por lo que hay una dicotomía entre la cultura autónoma -o en este caso quienes poseen los recursos, los ven como suyos y el poder de decisión que realmente ejercen sobre el mismo- vs las políticas oficiales (Bonfil 1985:143-144). Representada la primera por las personas que se interesan por el campo que le compete a la arqueología, siendo ellos(as) no arqueólogos y que, en ocasiones; se van a oponer a las investigaciones científicas por sentir amenazados sus propios intereses (propiedades privadas o defensa de territorios ancestrales-sagrados, etc.).


La oficialidad se apoya en el concepto de legitimidad, entendida como una decisión colectiva que está determinada por la cultura (de la cual forma parte) y que se supone tiene consenso con relación a la resolución de las decisiones. (Bonfil 1985:145-146). El monopolio del recurso cultural -por parte de los científicos- no va a ser amenazado, sin embargo, esta especificidad ya está perdiendo efectividad; al menos para el caso de los grupos de indígenas norteamericanos cuya lucha fue ganada a la ciencia arqueológica.


Dado esta nueva conceptualización de la práctica disciplinaria en Estados Unidos, se desprende una mayor discusión sobre la importancia que tiene el público en el desarrollo y ejecución de la arqueología. Papel que durante décadas fue ignorado (con algunas excepciones [4] ) y que en la actualidad está repercutiendo de manera directa; ya que hasta el momento los arqueólogos sólo habían asumido un rol de protectores de un recurso escaso y valioso, siendo usuarios primarios de dicho bien. Además que sus objetivos eran meramente académicos, sin consultar las necesidades que el público tenía sobre el mismo recurso y contando, principalmente, con dos características:


1. una práctica arqueológica que se diferenciaba claramente de la no científica y

2. metas científicas centrales de la disciplina que buscaban una comprensión del pasado cultural como un común, que servía a la humanidad o sociedad en conjunto.

El papel de la ética como componente identitario y regulador
En la presente discusión se entiende por ética a “la moral vivida, ejercida, practicada […] es simplemente un conjunto de reglas, normas, mandatos, tabúes y prohibiciones que regulan y guían la conducta y el comportamiento humanos dentro de una determinada colectividad histórica” (Marlasca 2007:19).


Son los principios identitarios que se reflejan en la praxis de la arqueología, especialmente a través de los Códigos de Ética; los cuales, establecen cuál debe ser el papel de disciplina y las características de sus practicantes. Dentro de esto también se define quiénes pueden ejercer como arqueólogos(as) y cuáles serán sus campos de acción y competencia. Las instancias que llevan la delantera en este tema de regulación del quehacer arqueológico se encuentran en Estados Unidos, específicamente la Sociedad de Arqueología Americana (SAA); así como algunas de sus “hermanas menores”: el Instituto Arqueológico de América (AIA), la Sociedad de Arqueología Histórica (SHA) y la Sociedad de Arqueólogos Profesionales (SOPA) (Wylie 1996:159).


Es así como las políticas de ética se han diseccionado en dos sentidos. La SOPA ha desarrollado un código muy específico que toma en cuenta la práctica y necesidades a la hora de ejercer la arqueología “en las calles”. Por su parte, el código de la SAA es más idealista (Lynott y Steponaitis 2000:53-54) pero, sin embargo; tiene un papel de base y continua discusión entre los profesionales.


Uno de los principios de la práctica arqueológica alrededor del mundo es la oposición a y necesidad de terminar con la destrucción, olvido y pillaje de este patrimonio pero, sobre todo, la búsqueda de un cambio de mentalidad en cuanto a la comprensión del significado que encierra el recurso arqueológico (en todos los niveles y grupos sociales); para que de esta forma las personas puedan reapropiarse de él. No obstante ahora, más que nunca, está latente la necesidad de poner en juego todas las baterías posibles para la conservación y comprensión del mismo (Bonfil 1993:156).


Los arqueólogos tienen la obligación de explicar su investigación y de poner a disposición los resultados ante sus colegas (Renfrew y Bahn 1996:535). La responsabilidad de un arqueólogo para con sus pares también incluye el abastecimiento del acceso a la documentación y preservar estos recursos para la posteridad. Lo anterior por varias razones, una es que toda la excavación destruye el sitio arqueológico, el cual; es un recurso no renovable. No sólo el(la) arqueólogo(a) a cargo encuentra tal información importante, sino que los investigadores contemporáneos y futuros lo harán (Parezo y Fowler 1995:51).


En segundo lugar, no se puede confiar en la memoria para conservar todos los datos recuperados, por lo que la publicación se convierte en otra obligación (Chippendale y Pendergast 1995:47). Y, en tercer lugar, el gobierno considera la documentación y los restos materiales como de interés público por lo que deben ser accesibles y no un dominio privado.


Otra responsabilidad con el grupo de pares se enfoca en la erradicación de la “competencia desleal”. Lamentablemente, la única forma de controlarla es por medio del establecimiento de tarifas que regulen los precios de los trabajos; esto en particular con relación al sector privado. En Costa Rica existe este problema y cuando se ha presentado la posibilidad de establecer un Colegio de Antropólogos, las acciones estuvieron divididas, al punto de que aún hoy día no se ha llegado a concretar.

Responsabilidad con la gente estudiada -o sus representantes- y el público
El patrimonio cultural -en este caso arqueológico- tiene un significado particular y específico para distintas personas, no sólo las que trabajan directamente con éste; sino aquellos(as) que conviven con el mismo o se sienten identificados por considerarlo parte de su historia. Por ende, indistintamente del sector al que se pertenezca, se debería asegurar su protección para el futuro, y se estaría obligado a generar mejores mecanismos para vincular -de forma adecuada- a las comunidades (propias y ajenas) con dicho patrimonio (Bonfil 1993:156).


Hasta hace poco tiempo la lealtad de los arqueólogos hacia objetivos “científicos” desplazaba el carácter social de los hallazgos. Esto se justificó aduciendo (sólo) la importancia del conocimiento científico de la evidencia material, como mecanismo para acceder al pasado y, en algunos casos, comprender el presente; así como la posibilidad de que los avances tecnológicos, metodológicos y teóricos producirían nuevas maneras de interpretar los datos brindados por la cultura material (Powell et al. 1993:3).


No obstante, al considerarse la arqueología como antropología, se supone que los arqueólogos(as) deberían estar conscientes de los posibles impactos y usos de sus investigaciones por parte de las sociedades contemporáneas. Es por ello que se resalta el valor de los profesionales que comunican y trabajan en conjunto con las personas que están directamente vinculadas con el patrimonio estudiado e, inclusive; con quienes se sienten identificados con él (por ejemplo los pueblos indígenas y afines).


Esto puede traer beneficios para la práctica de la disciplina como tal, en ocasiones se tiene acceso a financiamientos, cooperación en vigilancia y protección de los yacimientos (Herscher y MacManamon 1995:42).


Entre las mejores estrategias de difusión al público se encuentran las visitas a los lugares que se están excavando, así como brindar charlas y cursillos a las comunidades relacionadas y poner a disposición páginas web con la información pertinente. A lo anterior, se unen las necesidades de posibles nuevos públicos vía turismo cultural, el cual; día a día toma más auge en diversos países. En fin, un trabajo que involucre a diferentes sectores de la sociedad civil le permitirá a la arqueología sobrepasar ciertos problemas logísticos.


Los materiales que se encuentran en las excavaciones arqueológicas constituyen el “medio” que hace posible el estudio científico de las antiguas dinámicas sociales. El objetivo es descubrir lo que no puede ser percibido directamente (acciones sociales), en términos de lo que puede ser observado (efectos materiales). La arqueología no se puede limitar a una disciplina descriptiva, ni siquiera una ciencia dedicada sólo a documentar las evidencias conservadas del pasado. La ciencia puede mostrarse como un medio para “volver al pasado” (Shanks y Tilley 1994:12).


En la actualidad existen retos que afronta la arqueología en la mayoría de países, tales como el saqueo, la comercialización y el coleccionismo de diversos bienes materiales; además del acelerado desarrollo de los proyectos de infraestructura que obliga a “rescatar” de manera súbita los vestigios arqueológicos.


Un ejemplo claro del cambio en la exclusividad del estudio arqueológico es la pérdida de potestad de algunos estados de Estados Unidos, en cuanto al poder que adquirieron ciertos sectores diferenciados de la sociedad civil en el manejo del recurso arqueológico (los nativos americanos). Por lo que se ha visto la necesidad de establecer nuevos parámetros de investigación científica que no atenten contra los intereses de los probables sectores afectados.


Otros casos son el proceso de repatriación de bienes a las comunidades nativas y la negativa al estudio en ciertos cementerios por parte de sus herederos actuales, lo cual ha puesto en cuestionamiento el papel de la identidad disciplinaria como principal (única y legítima) poseedora del recurso arqueológico. Estas son claras muestras del cambio que se da en el uso y ejercicio del poder, ante una práctica legitimada de manera exclusiva.


Todo lo anterior evidencia la necesidad de revisar las premisas que orientan la práctica de la disciplina arqueológica costarricense. En nuestro país se ha manifestado la preocupación de algunos arqueólogos por las consecuencias de una futura aprobación del proyecto de Ley de Autonomía Indígena; esto con relación a la escasez de estudios que tradicionalmente se han realizado dentro de territorios indígenas.


Se está pasando, poco a poco, a formar una arqueología socialmente más activa y contestataria ante las múltiples presiones y demandas actuales de varios colectivos, cuyo clímax se pudo apreciar en el año 1999 con el llamado “decreto de Desregularización” impulsado desde el Estado; el cual atentó con la protección y salvaguarda del patrimonio arqueológico a expensas de los intereses del sector desarrollista durante aproximadamente 3 años.


En este caso particular, los inversionistas veían en el trabajo arqueológico una limitante para el desarrollo (“progreso”) del país. Si bien aquí el punto de partida de este grupo contrasta con búsquedas identitarias o defensas de territorios ancestrales, se constituye en otra resistencia al “derecho exclusivo” del estudio de los sitios y materiales (y el tiempo implicado para ello, claro está) de los científicos.

Apuntes, sugerencias, recomendaciones
La prevención es una faceta esencial de la protección del patrimonio cultural. Las campañas de sensibilización pueden organizarse de muy diversos modos. En primer lugar, es urgente caracterizar lo mejor posible (mediante inventarios fotográficos) las colecciones existentes en el país[5] , para esto es preciso cambiar o modificar algunos artículos de la ley en vigencia (N°6703) y tomar de modelo iniciativas en esa dirección; como la actual ley española o, especialmente, la de Andalucía. Dichos inventarios son indispensables para que en casos de trasiego la policía pueda recuperar las obras robadas. Cabe recordar que dicha recomendación fue emitida públicamente al país en la última entrega de la Lista Roja del ICOM, celebrada en el año 2010.


Existe una firme intención de dicho organismo por cooperar para luchar, con eficacia, contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Aquí recordamos el texto de las resoluciones 5 y 6 de la Asamblea General de la OIPC.-INTERPOL, que en su 64va. reunión, celebrada en Beijing; recomendaba a los países miembros: Difundir de la manera más amplia y rápida, por el conducto de INTERPOL, la información relativa a los objetos robados perfectamente identificables (Marine Mayer, comunicación personal 2010).


Unido a lo anterior, se advirtió que el pensar que “la historia en sí misma explica el por qué de los hechos, es decir, caer en la confusión entre la genealogía y la explicación; en segundo lugar, pensar que sólo los cambios merecen atención -y las correspondientes explicaciones- y las continuidades no” (Prats 2004:21) es incorrecto y no permite estudiar los fenómenos en su amplitud. Los cambios sociales, económicos y culturales que están produciéndose desde finales del siglo XX han puesto en evidencia la necesidad de reorientar los parámetros identitarios clásicos del ejercicio arqueológico profesional; abordando los debates con relación no solo a aspectos éticos, también a los principios epistémicos de la disciplina.


En este sentido, al contrario del pensamiento de Lynott y Steponaitis (2000:56), en el presente escrito se parte de que sí es posible generar un código de ética específico; que considere (de alguna manera) los diversos aspectos que están interviniendo en la práctica actual de la ciencia arqueológica. Algunas de las sociedades de arqueología, recientemente establecidas, han formulado en sus declaraciones de ética –explícitamente- el reconocimiento de la legitimidad de otros grupos y de una diversidad de intereses en el registro arqueológico (SOPA, 1991: 7, referido por Wylie [1996]).


Como bien indica Fernández (2006:209), se está llegando al final de “otra inocencia”, que va más allá de la mera consciencia de las implicaciones sociales de la práctica científica. Con la proliferación de estos conflictos y desafíos, se instaura la necesidad por buscar un equilibrio entre las metas científicas y conservadoras y la responsabilidad que se tiene con los diversos públicos interesados.


La principal obligación será crear compromisos éticos, pactados mediante consulta al gremio, en el seno de talleres de discusión que pongan de manifiesto dicha problemática. Pero los mismos, a la vez, incitando la participación activa de otros colaboradores[6] comprometidos con la conservación (a largo plazo) del recurso arqueológico; a manera -como lo han establecido otros (Lynott y Wylie 1995)- de tipos de “mayordomía”. Personas “conserjes y abogados” del recurso arqueológico que promuevan la comprensión pública de dicho patrimonio material.


Pero ¿Cómo se podría comenzar a solucionar estos problemas?
En primer lugar, apostando a una real descentralización de la cultura. Es preciso superar la visión de los “museos nacionales” totalizadores y centralizados del siglo XIX, esta imagen y tarea ya fue cumplida, con sus aciertos y errores; cada día las comunidades buscan acercarse a su patrimonio, conocer su pasado. Ejemplo de ello es el gran interés de los vecinos, de diversas partes de Costa Rica, quienes se aproximan a los lugares donde se están estudiando -excavando- sitios arqueológicos; lo anterior no es un secreto para nadie.


A nivel estatal son claras las limitaciones presupuestales para el sector cultura (Ministerio de Cultura y Juventud), más aún en lo relativo a la arqueología; por lo que se debe propiciar estrategias de cooperación con diferentes instancias. Entre ellas: los gobiernos locales (municipalidades, comités cantonales), cámaras de turismo, áreas de conservación o parques nacionales, universidades públicas y privadas; organizaciones no gubernamentales (incluyendo las asociaciones de desarrollo), individuos interesados (sector privado), entre muchos otros para generar proyectos de museos regionales adecuados.


Por otra parte, Costa Rica lleva más de 100 años de atraso con respecto a la posibilidad de mantener proyectos autofinanciados de turismo cultural, específicamente el arqueológico. Es preciso recordar que aunque los científicos deseen que los contextos se preserven, de ser posible todos en reservas que no se puedan utilizar para absolutamente nada más que fines investigativos, a nivel público no se cuenta con el presupuesto para adquirir las múltiples propiedades con sitios arqueológicos; mucho menos para su mantenimiento.


Inclusive los sitios que actualmente se encuentran como áreas de reserva, algunos de los cuales protegidos por la ley 7555, no cuentan con programas de investigación ni restauración (con excepción del que se está preparando para el Monumento Nacional Guayabo); por lo que hay que aceptar que existen (otros) múltiples intereses sobre los inmuebles donde se encuentran los sitios arqueológicos.


Hay poca información, a nivel general, sobre la posibilidad de crear museos regionales; las personas desconocen los procedimientos para habilitar al público los sitios arqueológicos en fincas privadas. A nivel científico, es contradictorio el esperar que los dueños de propiedades con recursos arqueológicos -por sí mismos- deban protegerlos y dejarlos intactos. Más sin un apoyo, asesoramiento constante, o (como ocurre en la mayoría de casos) un monitoreo continuo sobre el estado en que se encuentran los mismos; por parte de los especialistas en arqueología.


Se debe aceptar que aunque desde el ámbito científico se ha logrado tener el poder sobre los bienes arqueológicos (desde cómo deben ser apreciados, hasta qué se puede o no hacer con ellos), respaldado por medio de la legislación; como antropólogos(as) no podemos pretender que las personas comprendan las razones impuestas y que éstas sean cumplidas solamente por medios coercitivos (en este caso intervenciones a nivel policial y judicial).


Hay que retomar la educación sobre los bienes patrimoniales en general y aprender a escuchar, con tolerancia, la valoración que los diversos sujetos tienen sobre los mismos. Con ello se puede recuperar otro tipo patrimonio, el inmaterial o intangible: la oralidad; que va a permitir comprender el cómo se ha venido dando la relación de estas personas con los sitios antiguos, sus significados, apropiación de los mismos y el por qué de ello.


Solamente de esta forma se logrará abordar el tema de manera apropiada (en conjunto) y buscar así su revaloración con fines al conocimiento, salvaguardia, revitalización, apropiación y, con ello, la conservación; que constituyen los objetivos finales de las acciones a llevar con los recursos patrimoniales y la sociedad civil.


Es iluso e ingenuo considerar que las instituciones estatales pueden encargarse de todo lo relacionado con el patrimonio en Costa Rica, por más pequeño que sea este país. Más errado el pensar que en la actualidad no se están llevando a cabo excavaciones clandestinas, ni trasiego o venta de bienes arqueológicos, por lo que es preciso generar las estrategias adecuadas para tener más aliados. Esto más allá de las meras acciones de represión, de las cuales ya se han abordado algunas de sus limitaciones. Con relación a la tenencia de piezas arqueológicas y/o colecciones, dada la inmensa cantidad que existen “al margen de la ley” -o de manera clandestina al conocimiento de algunas personas del Museo Nacional (MNCR)- es preciso crear una táctica distinta.


Evidentemente no se va a lograr confiscar todas las piezas arqueológicas existentes a lo largo y ancho del país, y menos fuera de éste; muchas de las cuales salieron y fueron comercializadas cuando la ley lo permitía. Por ejemplo, sería ilógico que el MNCR emprendiera acciones contra museos pertenecientes a otras instancias estatales, que están dándole un adecuado tratamiento a las piezas; ya que no se contradice a la ley 7 de 1938, pues los artefactos siguen en manos Estatales.


En este sentido, el Departamento de Protección del Patrimonio Arqueológico (DPPA) sabe que la estrategia es trabajar en cooperación. Casos en esta línea han sido los procesos en los cuales se inscriben las colecciones a destiempo (después de 1982), esto para que sean “entregadas” con el fin de poderlas, luego; “prestar” y exhibir legalmente. Ejemplos de ello son la colección de la Iglesia de Orosi y (en trámite) la del Colegio San Luis Gonzaga; ambas de la provincia de Cartago. Inclusive es viable el establecimiento de convenios para la tenencia de objetos arqueológicos con fines investigativos y de difusión; para muestra el Convenio MNCR- Universidad de Costa Rica (Marlin Calvo, DPPA, comunicación personal 2010).


Queda claro que sería ilógico destinar recursos y esfuerzos en una búsqueda por confiscar bienes que están bien protegidos y sin el peligro del tráfico ilícito. Es mejor dirigir la mirada a la prevención, haciendo monitoreos en los sitios con el fin de evitar las acciones de destrucción e, inclusive; intentando coordinar investigaciones que intenten poner fin al trasiego arqueológico, tanto dentro como fuera de las fronteras costarricenses.


Se propone una mayor participación de los diferentes gobiernos (locales y Estatal-central) en el monitoreo de los bienes para garantizar su adecuada conservación y uso, aspecto que en Costa Rica se ha buscado implementar a través de la incorporación del componente arqueológico en los planes reguladores municipales; los cuales junto a la obligatoriedad de los estudios de pre-factibilidad de proyectos de construcción, buscan un tratamiento preventivo.
Se debe establecer un compromiso real entre quienes custodien el patrimonio y las instituciones encargadas de su protección. Para eso se debería gestionar la modificación de los artículos representativos, o una nueva ley de protección al patrimonio cultural; específicamente el arqueológico. Pero si se desea comenzar a implementar medidas que controlen y señalen la realidad, en cuanto a la tenencia de artefactos arqueológicos; asumiendo las recomendaciones del ICOM e INTERPOL respecto a la creación de inventarios fidedignos, se deberá gestionar -como lo apuntábamos- lo necesario para el adecuado registro de los bienes.


Otra forma que puede coadyuvar a la protección actual de los recursos arqueológicos es el estímulo hacia la producción artesanal (reciente). Para ello, se debería impulsar la manufactura de artesanías con motivos y técnicas antiguas por varias razones. En primer lugar, con esto se fomenta la participación del conocimiento sobre la producción alfarera precolombina, con sus propias características. Hay que aclararle al lector(a) que en la mayoría de tiendas de artesanías costarricenses se venden productos hechos en cualquier parte del mundo, menos en Costa Rica. En segundo, muchas personas pueden elegir el “consumir” objetos que consideran réplicas, las cuales; se exhibirían en lugares particulares sin sentirse amenazados por la ley.


Lo anterior no representa nada nuevo. Es conocido que desde el siglo XIX ya se hacían artesanías con motivos precolombinos; lo que lleva a preguntarse sobre el valor de la falsificación versus la reproducción. Así, lo que importa en este contexto (a nivel legal) es si se usa o no el ardid para la adquisición de las piezas. Ya que es ilegal tanto el pasar por original una producción reciente -por el engaño- y buscar vender supuestas piezas arqueológicas protegidas por ley; como el querer comprar objetos que no se pueden vender (pues son propiedad del Estado).


Por otro lado, a nivel artístico no es lo mismo reproducir motivos que crear. Para la reproducción existen diversos mecanismos que la mayoría de personas podrían implementar; tal es el caso del uso de moldes y materiales varios con propiedades maleables (arcillas, resinas, cemento, metales, etc.). Por su parte la creación artesanal, aunque puede retomar motivos precolombinos, es más difícil y requiere de un entrenamiento o sensibilidad artística específica; por lo que es una actividad más restringida y, al igual que en el pasado, de carácter único.


De esta manera, amplios sectores de la sociedad podrían capacitarse en la producción de artesanías, semejante al programa que se implementó hace algunos años en el Colegio de Sarchí, localidad de la provincia de Alajuela; para la enseñanza de la pintura de carretas (símbolo nacional y patrimonio intangible de la humanidad).


Lo anterior podría favorecerse la economía local o familiar en casos que se desee y se tenga la posibilidad de vender artesanías a turistas. Esto sería muy rentable para el caso de la provincia de Limón que recibe turistas provenientes de cruceros a lo largo del año.


Para lograr lo sugerido se requiere, entre otros aspectos, una adecuada formación en el tema, así como información adicional que incentive a la compra, por ejemplo, indicar de qué lugares del país eran comunes esas manifestaciones que se están reproduciendo; así como la antigüedad asociada. A lo que habría que agregar el informarle a los artesanos la necesidad de firmar sus obras. Dichos materiales inclusive podrían reemplazar a los objetos originales en los parques arqueológicos in situ, si se deseara colocar estos a la intemperie; por lo que su uso podría complementar las acciones de protección del recurso.

Conclusión
La separación que existe entre la historia antigua (precolombina) y reciente (colonial en adelante) en Costa Rica y otros países de América Latina, ha estado determinada por las características ideológicas de dominación de las élites. En primera instancia, la negación y eliminación de las culturas por parte de los españoles y sus descendientes y, posteriormente; en el siglo XIX por los liberales republicanos que con su ideología buscaban un Estado homogéneo.


Para el siglo XVIII y XIX la arqueología como ciencia estaba en ciernes y en Costa Rica el papel que podría tener era secundario para los intereses de los gobernantes. Los estudios científicos que en ocasiones se hacían, tenían como característica principal el abastecer a museos locales y extranjeros de artefactos “llamativos” y, en algunas ocasiones, intentar vincular desde la historia a los restos materiales con sociedades extintas; mediante el uso de explicaciones románticas e idealizadas sobre ese pasado. Pero desde el Estado no había mayor preocupación por regular la destrucción de sitios arqueológicos, ni por establecer programas concretos para investigar seriamente dichos contextos.


Más adelante, se le dio un uso discursivo a los bienes arqueológicos como parte de la construcción de la identidad nacional, creándose mayores controles sobre ello, siempre visto como una “riqueza –arte- del Estado” y no como herencia y vínculo directo de las poblaciones actuales con su pasado; sobre el cual podrían tenerse otras creencias muy diferentes a las oficiales.


Entre otros factores, es por ello que en la actualidad existe un desarraigo de la ciudadanía costarricense hacia su historia antigua, la conciencia de conservación, el estudio y conocimiento de los sitios arqueológicos es reducido; misma situación que se presenta con relación a los actuales pueblos indígenas.


En la actualidad, la mayor parte de la información obtenida de la investigación depende de si el(la) propietario(a) del terreno -donde se ubica el recurso arqueológico- tiene un interés particular y gusto por la historia o, como sucede en la mayoría de los casos; de si se debe cumplir con los estudios para poder desarrollar obras de infraestructura. Aunque la existencia de legislación en torno a estos estudios de pre factibilidad no exonera el hecho de que, inclusive, instituciones emparentadas con el Estado traten de pasarlas por alto (tanto estudios arqueológicos, como de índole social; por ejemplo las consultas correspondientes a pueblos indígenas sobre el manejo de sus territorios).


Ya que la gestión del patrimonio arqueológico ha sido complicada, se insta a los encargados de este recurso a buscar una mayor concientización sobre los procedimientos adecuados y, de ser posible, la implementación de un código de ética que regule el proceder de los especialistas a nivel científico, profesional. Esto, a la vez, que incluya la obligatoriedad del trabajo en conjunto con y para los ciudadanos interesados y relacionados con dicho patrimonio.


Sin el vínculo y compromiso real con los múltiples públicos, no se puede llegar a una verdadera gestión y conocimiento de la historia antigua; así como alcanzar el fin perseguido por mucho tiempo: el que sea una disciplina social que promueva la tolerancia, inclusión y conocimiento sobre el ser humano.

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*Universidad de Costa Rica, docente e investigadora dela Escuela de Antropología. Email: monicaaguilar@ucr.ac.cr; moniqueaguilar@gmail.com.

**Universidad de Costa Rica, docente e investigador de la Escuela de Antropología. Email: odiseo@costarricense.cr.

 

Notas

[1]De la historia conocida de sociedades como la romana y griega, entre otras.

[2]Aunque se sabe que el conocimiento científico es social, se aclara que la discusión va dirigida a la función y compromiso que tiene la ciencia con respecto al resto de la sociedad.

[3]Entiéndase como arqueólogo(a) profesional las personas que no están vinculadas institucionalmente a universidades o museos, sino aquellos(as) que se desenvuelven como consultores, o cuyo ejercicio de la disciplina está orientado a brindar servicios técnicos a intereses no académicos o meramente científicos.

[4]Producto de grupos de discusión de científicos latinoamericanos asociados a posturas materialistas históricas -arqueólogos sociales- por ejemplo.

[5]Aunque es conocido que muchas de ellas se encuentran en condición de clandestinidad, por lo cual; se debería generar el mecanismo para que las mismas sean inscritas ante el Museo Nacional de Costa Rica.

[6]Más allá de los colaboradores de financiamiento o simplemente que velen por la conservación de los sitios, sino conformar grupos de “amigos”, cuya participación sea más activa, permanente y comprometida; brindando insumos en conocimiento y posibilidades inclusive de desarrollo comunal. Esto se lograría, por ejemplo, con el establecimiento de parques arqueológicos, rutas culturales e históricas, etc.

 

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