Gustavo A. Ramírez Castilla[1]

Cartón de Helguera, La Jornada.

Durante las últimas dos semanas un torrente de noticias y comentarios han puesto en el ojo del huracán a la tienda Bodega Aurrerá en San Juan Teotihuacán, a raíz del amplio y bien documentado reportaje de David Barstow  y  Alexandra Xanic Von Bertrab publicado por el New York Times el 17 de diciembre de 2012.  Pero, fuera de los nombres y apellidos de funcionarios municipales y estatales que permitieron desde la alteración del plano de usos de suelo, hasta los permisos de operación de la tienda, el reportaje en comento y sus derivados no puntualizan el nombre de algún funcionario del INAH. Únicamente se les generaliza como “Senior INAH Officers”, o “INAH’s  president”, lo último en los emails revelados por los Congresistas de EUA, en donde además se menciona específicamente a "INAH´s Director". Lo anterior se ha prestado a especulaciones en las que se implica al mismísimo Sergio Rául Arroyo, Director General del INAH, quien ya se deslindó de dichas acusaciones en diferentes medios informativos. El problema es que como no se ha hecho público el expediente del caso; mismo que se turnó “a la secretaría de la Función Pública y otras instituciones para que las mismas sean quienes emitas sus respectivas resoluciones sobre este tema”- indica la  web oficial del INAH- , se  alientan toda clase de especulaciones. Esas instancias públicas ya emitieron en el pasado un fallo favorable a la institución; pero en aquel tiempo se desconocían detalles que el New York Times reveló y que sugieren procedimientos irregulares en el salvamento arqueológico que no deben pasar desapercibidos.   Debido a que los involucrados no han mostrado cómo se dio dicho procedimiento para clarificar su comprensión a la opinión pública y que esta se forme un juicio, me parece conveniente  hacerlo, cuestionando algunos cabos sueltos que deben investigarse para mantener íntegra la reputación institucional.

En primer lugar hay que separar las responsabilidades de las diferentes actores que intervinieron en el caso y recodar las circunstancias en que sucedieron los acontecimientos, en el año 2004, cuando quien esto escribe fungía como jefe de departamento, responsable del área de investigación del Centro INAH Estado de México; razón por la que tuve conocimiento del caso, aunque no decisión, debido a que la Zona Arqueológica de Teotihuacán estaba fuera de mi competencia, por las razones que expongo.

1.La Zona Arqueológica de Teotihuacán se encuentra bajo control directo de la Coordinación Nacional de Arqueología, entonces encabezada por el Dr. Alejandro Martínez Muriel (finado).  Cuenta con una Dirección, Departamento Jurídico y de Salvamento Arqueológico. En esos días Arturo Zárate era el Director, Verónica Ortega arqueóloga Jefe del Departamento Legal y Técnico que incluía dos abogados, uno de ellos Juan Carlos Sabais citado por el Times; además de los investigadores que generalmente se concentran en el perímetro A de la zona y no se involucraron con el caso. Todos los anteriores responden directamente a la Coordinación Nacional de Arqueología, excepto el Departamento Jurídico cuyos trámites se enlazan con el Jurídico del Centro INAH Estado de México en Toluca, en aquellos días dirigido por la Licenciada en Historia Maribel Miró Flaquer. Las razones por las que el organigrama es así son un misterio; pero a ello obedecen en gran parte de los enredos y confusiones que se generan en los trámites cotidianos de la zona arqueológica.  En resumen,  rescates y salvamentos son realizados por personal de la zona arqueológica, bajo supervisión de la Coordinación de Arqueología; pero licencias y liberaciones son firmadas por la dirección del Centro INAH Estado de México y nadie más.

 2. Empresas y particulares deben realizar sus trámites para obtener la liberación del predio o la licencia de obra, según sea el caso, en el jurídico de la Zona Arqueológica, si se encuentran dentro del área urbana de San Juan Teotihuacán o san Martín de las Pirámides. Si se trata de obras que afectan monumentos históricos, es decir comprendidos a partir del establecimiento de los españoles en territorio nacional y hasta el siglo XIX, son canalizados al área de Monumentos Históricos del Centro INAH en Toluca, en ese tiempo a cargo del Arquitecto Carlos Madrigal Bueno. El trámite para la tienda Bodega Aurrerá fue iniciado el 23 de marzo de 2004 por la empresa Arrendadora y Centros Comerciales S. de R.L. de C.V.,- en ese tiempo no se sabía que fuera Wal Mart quien estaba atrás de esta -. Lo que esa empresa solicitó fue una “Licencia de Obra” para el proyecto arquitectónico de una tienda autorizada por el municipio en el predio “Cruz de la Misión s/n, Purificación, Fracc. La Parroquia, San Juan Teotihuacan, Edo. de México”, por lo que el trámite fue canalizado a través del Área de Monumentos, con el Arq. Madrigal, quien a su vez solicitó como era habitual al Área de Salvamento de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, dictaminara la factibilidad para dicha obra; es decir, si la construcción afectaría o no patrimonio arqueológico.  La arqueóloga Verónica Ortega respondió con un dictamen de factibilidad el 2 de abril de 2004, toda vez que, derivado de sus indagaciones en archivos,  del conocimiento del área y de su ubicación dentro del perímetro C de la zona -en donde el Decreto de Zona de Monumentos Arqueológicos permite las construcciones siempre que se apeguen a lo dispuesto en las leyes y reglamentos correspondientes-, no existían inconvenientes. Lo anterior, según informó, porque el predio en cuestión ya había sido liberado desde 1984, época en que se realizó un salvamento arqueológico, por la arqueóloga Ana María Járquin. Las liberaciones emitidas en años anteriores siguen teniendo valor jurídico, situación que he constatado para casos en Tamaulipas con la Coordinación Nacional de Arqueología en diversas ocasiones y me ha sido confirmada; es decir, no se puede hacer un nuevo salvamento en un predio previamente liberado, a menos que haya consentimiento de la contraparte y por razones de peso. Es por ello que en ese momento sugerí a la Lic. Miró, quien me solicitó revisar el expediente de Bodega Aurrerá, que ya que no se podía obligar al salvamento arqueológico a la empresa, al menos se impusiera la presencia permanente de un arqueólogo que supervisaría todas las excavaciones realizadas durante la obra, y que podría realizar excavaciones complementarias si el caso lo ameritaba, como en efecto sucedió; pues a pesar de que el predio estaba muy afectado por la erosión fluvial, pluvial, eólica y agrícola, había fragmentos de cerámica azteca y teotihuacana a la vista. Lo anterior era lógico además sabiendo, como sabemos, que San Juan Teotihuacan es un polvorín, políticamente hablando, que manteniene tensas relaciones con el INAH. Lo que la Lic. Miró firmó, en mayo del mismo año, luego de consultarlo y revisarlo varias veces con los abogados del Centro INAH, de la Zona Arqueológica, la Coordinación de Arqueología y Monumentos Históricos fue una “Licencia de Obra”,  toda vez que la Arrendadora y Centros Comerciales S. de R.L. de C.V. había cumplido con los permisos requeridos. Si estos fueron obtenidos legalmente o no, no es competencia del INAH averiguarlo, debiendo limitarse su actuación a evitar afectación física o visual a los monumentos. Debe quedar claro, el INAH no autoriza tiendas, caminos, presas, líneas de metro, gasoductos, líneas eléctricas o edificios, únicamente se limita a realizar acciones que permitan recuperar o evitar que las obras para su construcción, afecten monumentos arqueológicos o históricos.

 

Aquí interesa ahora destacar una información que revela el New York Times, misma que fue desconocida para el Centro INAH en ese momento: que el predio liberado en 1984 no correspondía al mismo donde se edificaba la tienda. De acuerdo al Times, el Lic. Sabais dice que “altos funcionarios del INAH inventaron un rastro de documentos con efecto retroactivo para ocultar sus errores … refiriéndose a un informe INAH del 2 de abril de 2004, siete semanas antes de que la agencia emitiera su permiso. El informe sugiere que la parcela de Wal Mart había sido liberada después de un salvamento en 1984. Este “documento”, dijo Sabais, se hizo más tarde para justificar lo que no se había hecho”.[2]  Esta es una grave declaración de Sabais que pone en duda la actuación de la responsable del salvamento, arqueóloga Ortega, quien firmó dicho dictamen. Sabais es responsable de no haber informado esta situación tanto a la Directora del Centro INAH como a la Coordinación Nacional de Arqueología, a menos que la instrucción –si la hubo- haya venido de esa dependencia. El Times reveló que el salvamento se llevó a cabo en una parcela diferente situada a varios cientos de metros de distancia. La arqueóloga Ana María Járquin, responsable del salvamento de 1984, afirmó que se trata de “un fraude”.[3] ¿Por qué se remitió un dictamen favorable con información de otro predio, si era posible exigir un salvamento a la empresa? Es un punto crucial que debe de aclararse. ¿Quiénes eran esos altos funcionarios que cometieron el error de no prever un salvamento arqueológico oportuno? Es evidente la necesidad de revisar de nuevo el expediente y pedir a los involucrados que expliquen su actuación, que confirmen o desmientan las declaraciones del New York Times, que ponen en duda la honestidad institucional.

3. Desde marzo, la empresa ya había iniciado la construcción y acarreo de materiales sin esperar la licencia del INAH. Ello atrajo la atención de ciudadanos y grupos civiles que se manifestaron frente a la obra, exigiendo al alcalde su clausura. El abogado de la Zona Arqueológica, Lic. Sabais, acudió entonces a inspeccionar el área y al percatarse de que carecían de permiso procedió a la suspensión temporal de la obra. Una vez que la empresa aceptó cumplir con las regulaciones impuestas por la licencia, entre ellas la intervención de un arqueólogo, la regulación de la altura, paleta de colores, señalética y otras, para la tienda, la construcción ya aprobada por el ayuntamiento, y las instancias estatales y federales competentes, se levantó la suspensión y continuaron las obras.  La mencionada licencia de obra específicamente pretendía evitar la alteración visual de los dos monumentos históricos colindantes con el predio: la parroquia de San Juan Bautista y el Puente del Emperador, ya que las “pirámides” se encontraban suficientemente lejos (2Km), como para ser afectadas visualmente, como en efecto se puede comprobar. La empresa se ajustó a las severas regulaciones impuestas por el INAH, de lo que resultó una tienda notablemente distinta a las que regularmente edifica.

Es al arquitecto Madrigal a quien la empresa ofreció un donativo para la conservación de la parroquia de San Juan Bautista y el Puente del Emperador, mismo que fue rechazado por la Directora del Centro INAH, como ya lo han señalado diferentes medios. Este ofrecimiento fue denunciado también al Director General, quien mantenía la misma política de rechazar cualquier tipo de ofrecimiento monetario o en especie, independientemente de la empresa o persona que se tratase.  La política de la Lic. Miró, por su parte, fue siempre muy clara en cuanto a la recta actuación como servidores públicos y ella era el mejor ejemplo. No obstante, llama la atención que en diferentes formas el ex abogado de Wal Mart insista en que se entregó una donación y un “regalo”, que en total suman $ 81,000 dólares a oficiales del INAH, pero sin mencionar sus nombres. ¿A qué lógica puede obedecer tal conducta? Si no pueden demostrar que entregaron un soborno al INAH, me temo que estaríamos ante el caso del “ladrón que roba al ladrón”. ¿Sería posible que el personal empleado por Wal Mart para entregar los sobornos haya timado a sus patrones?

4. Los trabajos arqueológicos se fueron haciendo cada vez más extensos, hasta que se excavaron 120 pozos equidistantes y distribuidos por todo el predio, trece pozos perimetrales y tres calas extensivas de gran tamaño, que alcanzaron sin excepción la capa culturalmente estéril de tepetate. Las excavaciones revelaron la presencia de cerámica prehispánica, once entierros muy deteriorados, restos de una banqueta y un pequeño altar de 80cm por lado y 29cm de altura, que la prensa magnificó. En un principio la Coordinación de Arqueología decidió dejar el altar in situ y mostrarlo a través de una ventana arqueológica que asomaba en una zona restringida del estacionamiento; pero debido a su deterioro optaron por retirarlo llevándoselo al laboratorio de la Zona Arqueológica. Aunque los vestigios recuperados no aportan información radicalmente distinta a la del resto del sitio, o que contribuya a cambiar la perspectiva histórica del mismo, fueron resignificados a priori tanto por los movimientos civiles, como por académicos que vieron en ellos un símbolo más de la opresión extranjera sobre la nación, lo que ocasionó que las protestas se radicalizaran, pero también que se le exigiera al INAH, injustamente, una actuación más allá de sus propios límites y responsabilidad: la clausura de la tienda.

5. La presión ejercida por los medios y la sociedad obligaron a ser más estrictos con los procedimientos. Así que para despejar cualquier duda sobre la existencia de vestigios la Coordinación Nacional dispuso realizar el 29 de septiembre una prospección adicional con un georadar de penetración, instrumento que localizó una perturbación que resultó ser un ladrillo moderno. Aun así se excavaron veinte pozos más ya dentro de la nave y sobre pisos interiores y exteriores cuando la tienda estaba a punto de terminarse. Adicionalmente, durante todo el proceso de excavación hubo constantes y a veces diarias supervisiones en las que estábamos presentes el Dr. Martínez Muriel, Coordinador de Arqueología, el Ing. Joaquín García Bárcena, Presidente del Consejo de Arqueología, el Antrop. Víctor Meza, ya entonces Director del Centro INAH, la arqueóloga Verónica Ortega, responsable del salvamento, el Dr. Moisés Rosas y el Etnol. Sergio Raúl Arroyo García, Secretario Técnico y Director General del INAH respectivamente. Durante ese periodo se recibió también la visita e inspección del ICOMOS Mexicano, con la presencia de los arqueólogos Diana Zaragoza Ocaña y Patricio Dávila Cabrera, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Dirección de Patrimonio Mundial y del Ministerio Público de Texcoco. El proceso de excavación fue en todo momento ordenado, justificado y transparente. No hubo hallazgos diferentes de los ya mencionados. No hubo afectación a algún vestigio arqueológico extraordinario culturalmente o estéticamente hablando.

6. Los manifestantes tenían razón. Su falla fue que centraron el problema en la afectación al patrimonio cultural y no en la afectación a sus negocios familiares. Querían que el INAH les quitara a Wal Mart de encima, y bajo las circunstancias de entonces eso no era posible. En México, dice Paco Ignacio Taibo II, las batallas se libran en dos ámbitos: en el político y en el simbólico. Este asunto de Wal Mart en Teotihuacán tiene esas mismas características. En lo político, que todas las empresas y funcionarios deben apegarse al estado de derecho. En lo simbólico, que Wal Mart representa lo peor y más agresivo de capitalismo neoliberal, sometiendo a una nación entera y sus valores más preciados a su voluntad; pues lo que revelan ahora los reportajes y correos electrónicos mencionados por los congresistas de Estados Unidos, es que la trasnacional Wal Mart torció los procedimientos sobornando a funcionarios públicos para obtener los permisos para operar la tienda. Algunos ejecutivos de la trasnacional declararon además que, “….si lograban construir a la sombra de un venerado tesoro nacional, se mandarían un mensaje a todo el país: si podemos construir aquí, se puede construir en cualquier lugar”[4]. Esta no es una estrategia comercial, es un acto de conquista.

7. En virtud de lo anterior y dado que todos los permisos de Bodega Aurrerá Teotihuacán son ilegales, y que se engañó al INAH para lograr su cometido, a título personal me uno a las voces que reclaman la suspensión inmediata de las operaciones de esa tienda, la revocación de sus permisos  y la demolición del edificio que ilegalmente se yergue como una ofensa a la nación. ¡Fuera Wal Mart de Teotihuacán!

 

12/1/13.

 



[1] Arqueólogo, Maestro en Restauración de Monumentos, Profesor Investigador Titular C del Centro INAH Tamaulipas, Director de la Red Mexicana de Arqueología: www.remarq.ning.com.

 

[2] "Fearing a public relations debacle, senior INAH officials concocted a trail of backdated documents to hide its blunders, Mr. Sabais said. He pointed to an INAH report dated April 2, 2004, seven weeks before the agency issued its permit. The report suggested Wal-Mart’s plot had been liberated after a 1984 survey. “This document,” Mr. Sabais said, “was made later to justify what had not been done.”

[3] "The Times tracked down the 1984 survey. It had nothing to do with the land where Wal-Mart was building. The survey was done on a different plot several hundred yards away. The archaeologists who supervised and evaluated the survey were appalled to learn that it had been used to justify INAH’s permit for Wal-Mart. “This is a fraud,” Ana María Jarquín, one of the archaeologists, said in an interview".

[4] " Executives, he said, came to believe that by outmuscling protesters and building in the shadow of a revered national treasure, they would send a message to the entire country: If we can build here, we can build anywhere."

 Notas tomadas del reportaje "The Brivery Aisle: How Wal-Mart  Used Payoffs to Get Its Way in Mexico":http://www.nytimes.com/2012/12/18/business/walmart-bribes-teotihuac...

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Comentario

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Comentario de Fernando Cruz el enero 14, 2013 a las 8:35pm

Muy buena tu aclaración Gustavo y estoy de acuerdo en que deben retirar esa tienda del lugar en que ilegalmente la construyeron. Además debemos reportar toda esta clase de anomalias, para que los encargados de cada estado, que tambien son mexicanos y deben protejer el patrimonio de la nación, no permitan que se realicen estos abusos en perjuicio de nuestra nación. Gracias por compartir tu reporte.

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