Se presento al Congreso Nueva Ley de Patrimonio Cultural que Abrogaria la Actual de Monumentos y Zonas Arqueològico, Artìsticos e Històricos

El día de ayer -2 de marzo de 2011-fueron presentadas ante la Cámara de Diputados dos iniciativas de Ley que refrentes al patrimonio cultural mexicano. La primera y de mayor impacto es la propuesta de Ley General de Protecciòn al Patrimonio Cultural Inmaterial y Material de la Nación, a cargo del Diputado Francisco Herrera Jimenez, del PRI. La misma, de aprpobarse, abrogaría a la actual Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artìsticos e Históricos, vigente desde 1972.

 

La segunda es una reforma a los artículos 22, 23 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artìsticos e Históricos, presentada por la Diputada Gabriela Cuevas Barrón, de la fracción parlamentaria del PAN. Esta propone cambios que aseguren el derecho de garantía de audiencia a la ciudadanía afectada por una declaratoria de monumento o zona de los mismos, de la que actualmente adolesce la Ley Federal de Monumentos y hace inconstitucional dichas declaratorias, como lo han demostrado cuatro jurisprudencias en contra.

La primera iniciativa, innovadora en un amplio sentido, implanta un sistema de salvaguarda que retoma los conceptos de Patrimonio Cultural Intangible, Patrimonio Cultural y Natural establecidos en la Convencion del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Unesco; lo cual representa una gran actualización al sistema legal de proteccion del patrimonio cultural mexicano. Por otra parte retoma casi de manera integral, pero con importantes ajustes y actualizaciones, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artìsticos e Históricos. Entre estos destaca la inclusión de la arquitectura relevante del siglo XX como monumento histórico.

Ambas iniciativas presentan bondades, defectos y aun carecias que vale la pena discutir, a fin de tener una idea más amplia del impacto que estas disposiciones, en caso de aprobarse, tendrían en la protecciòn, conservaciòn, investigación y difusión de dicho patrimonio, así como en organizacion  y estructura de las instituciones responsables.

Dejamos aqui el texto de las iniciativas para su análisis y comentarios.

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Y vuelve la burra al trigo...
Gracias por subir el archivo.
Primero, el Reglamento Administrativo para el INAH; poco después, la amenaza de militarizar vía PFP las escuelas, oficinas, zonas de monumentos a cargo del INAH; y ahora esta propuesta para la abrogación de la Ley Federal... ¿Qué estará tramando la cúpula en el poder?

El asunto es bien delicado, y se requiere mucha información para normar criterios que beneficien de manera positiva la protección y estudio del patrimonio, de manera amplia, social y se alejen los deseos de ciertos legisladores de oscuro pensamiento neoliberal bananero,(a todo le quieren sacar juguito y no tirar la cáscara), sin embargo, la situación general del SECTOR CULTURA Y PATRIMONIO, ha llegado a niveles tan preocupantes en varios campos, que sí es necesaria una amplia participación nacional y con propuestas muy serias, (no foritos regionales piteros, por favor). Posiblemente sí sean necesarias algunas reformas, generadas desde el propio núcleo de especialistas, que prevengan una verdadera abominación de ley.

 Exhorto a todos los interesados a mantenernos en contacto y mando dos links de prensa que me parecen inquietantes y de contenido bastante fuerte en esta discusión:

http://www.davanzada.com/noticia.php?id=33051

 

http://www.eluniversal.com.mx/cultura/64834.html

 

ES IMPERATIVO QUE LOS COMPAÑEROS DE INAH E INBAL,  PRIMEROS RESPONSABLES EN ESTE FRENTE, SOBRE TODO LOS SINDICALIZADOS, TOMEN ACCIONES MUY SENSATAS Y JUICIOSAS, LEJOS DE TODO ESCÁNDALO PÚBLICO Y PROTAGÓNICO, EN VIRTUD DE QUE ESTE PROYECTO VIENE DEMASIADO APALANCADO, Y SI NO SE APLICAN JUICIOS MUY BIEN DIRIGIDOS Y CRÍTICA TOTALMENTE FUNDAMENTADA, SE AVECINA OTRA SITUACIÓN DE CRISIS EN EL SECTOR.

Noto poca participación, ¿será  que a los compañer@s no les ha caído el veinte en este asunto tan trascendental?

Saludos a tod@s

Nicolau.

Critica a la iniciativa de ley del diputado del PRI

Da inicio con una justificación académica excesivamente escueta y naïve del concepto de cultura: “La cultura es el medio de expresión por excelencia de la capacidad creativa del hombre”; el sr. Diputado da la impresión inmediata de que su interés en la toma de decisiones con respecto a este asunto: el patrimonio cultual, es protagonizar; propugna un concepto de cultura que la misma UNESCO ha puesto en cuestión tras las críticas difundidas a partir del dictamen y reporte conocido como: “Nuestra Diversidad Creativa, 1996” (Ericksen 1998 y 2001; Susan Wright, 1998; entre otros); incluso ya desde antes, con la crítica que hiciera Alan Frinkielkraut a la UNESCO misma en su reflexión titulada: La Derrota del Pensamiento (1987); me atrevo a decir, que ahora mismo (marzo del 2011), ni la doctora Lourdez Arizpe estaría ya de acuerdo con ese concepto de cultura (ambiguo en todos sentidos como decía John Dewey y extremadamente difícil de definir, según Raymond Williams), difundido por este organismo (UNESCO), a mitad de los noventas, justo cuando la Dra. Arizpe fungía como la coordinadora del Comité Mundial para la Cultura y el Desarrollo (o la WCCD, por sus siglas anglo); estoy sobrado de interés si la doctora L. Arizpe emitiera un pronunciamiento al respecto; en la obra Los retos culturales de México, 2004, se percibe clara y abiertamente un alejamiento radical de esa noción estrecha de cultura que nos presenta el sr Diputado Francisco Herrera Fernández: Me permito citar un micropasaje textual de la Introducción de Arizpe, quién reconoció y demandó que este “debate nacional” debe ser abordado “en toda su complejidad y sus cambios actuales, desde sus raíces hasta las utopías que urgen para pensar el futuro”.

 

La Convención de Paris de 1972, año en que se promulgo nuestra LFMZAAH-72/86, es en la contemporaneidad globalizada, por demás obsoleta y peligrosa (algunos ejemplos extremadamente riesgosos con consecuencias fatales sólo por ilustrar nuestro argumento están Afghanistan 2001: los Budas de Bahmiya; Serbia, 1997: el puente Mostar, entre otros). Se ha probado y la UNESCO misma ha aceptado recientemente que el discurso de ese documento es por demás supremacista, blanco, elitista, ideológico; refrendarlo en una nueva ley para el patrimonio arqueológico en México en este 2011, es un estúpido retroceso. No es la intención ofender al Sr Diputado, pero sí considero ese proceso como una absurda necedad, incoherente e incongruente con nuestra realidad concreta actual: diversa, compleja, fluida, líquida, una combinación de tradición, de modernidad, de posmodernidad y pos-posmodernismo, de amodernidad y de surrealismo cultural. Los parámetros que nos delimitan y nos reconfiguran sencillamente son otros y no esa estrecha y provincial noción tan simple que tiene el ex alcalde de Papantla. El señor Diputado no parece estar enterado de todo esto y pone en evidencia a sus asesores; la noción de “patrimonio” que presenta es también muy escueta, es ideológicamente tendenciosa. En México, esta visión ya debe ser superada porque lo que se fomenta con esta idea es lo que ha dicho el antropólogo nórdico T. H. Ericksen: una “visión archipiélago” de la cultura, la cual se ha visto que para nada contribuye a la “ética universal” que la misma UNESCO patrocina y sí en cambio, propicia y enfatiza en un aumento por la diferencia cultural, más no al reconocimiento de la diversidad cultural, colabora con un reforzamiento de las actitudes negativas y chovinistas, a veces con el disfraz del concepto “identidad cultural” e “identidad nacional”, o los etnonacionalismos, además, contribuye a que los grupos emergentes en el espectro político nacional que ostentan y reclaman para sí una cultura particular dentro del Estado-Nación, se atribuyan derechos de reclamos particulares (posesión, administración, gestión, beneficios, elementos simbólicos de identidad exclusiva, por mencionar algunos), sobre el patrimonio cultural, en concreto sobre algunos de los bienes del patrimonio arqueológico nacional más emblemáticos (los tutun-aku en el Tajín; tzeltales y tzotziles en Tónina; husatecos en Tamtok, etc).

 

No estoy de acuerdo en la fórmula “Sin cultura no hay turismo”, que retoma del Estudio estratégico de viabilidad de turismo cultural en México; pienso  que si axiomáticamente, el turismo está inserto en un contexto de mercantilismo, la cultura y por extensión el patrimonio cultural, no son la razón de ser del turismo; los patrimonios culturales son más bien el recurso y el medio a través de los cuales se ha de lograr una convivencia pacífica y de aprendizaje mutuo entre los diversos colectivos culturales y nacionales

 

Su concepto de “patrimonio cultural” del Sr. Diputado es el que adoptó la UNESCO hace 30 años y del cual derivó la inspiración más inmediata para la redacción de la Ley que pretende abrogar, he ahí una  fuerte inconsistencia otológica para empezar; hay actualmente una evolución compleja y ampliación semántica del concepto que no se ve reflejado en su propuesta, aunque recoja lo referente a patrimonio inmaterial, su concepto de esta noción no parece tampoco estar al tanto de lo que abraza este concepto en la sociedad de consumo y de valores posindustriales, no todos somos tutun-aku, no sé si se puede dar cuenta, para él le basta con el ejemplo ya trillado de la Danza de los Voladores de Papantla (como es lo única referencia inmediata que tiene) y con eso le llega, no parece ir más allá, no parece aproximarse a esas “utopías necesarias para pensar el futuro”. El baremo que uso es el que cita él mismo: La Convención de Paris de 1972.

 

 

La noción de patrimonio arqueológico que recoge su propuesta, en lo personal, considero que está, no sólo lejos de abrazar la perspectiva holística -como debe ser- de este complejo concepto, construido socialmente en la modernidad tardía, ni siquiera toma en cuenta, como he sugerido arriba, las críticas recientes en la evolución del concepto de patrimonio cultural del que se desprende el patrimonio arqueológico, no se aproxima siquiera a lo que debemos entender por patrimonio arqueológico desde un punto de vista epistemológicamente jurídico ¿se habrá preguntado con reflexión sustentada documentalmente, qué es exactamente lo que se quiere proteger y valorar cuándo se dice patrimonio arqueológico?, es obvio que la noción de monumentos arqueológicos que encontramos en la LFMZAAH-72/86 es también una noción que aunque funcional (hasta cierto punto, pero no operativa del todo), no puede seguir siendo así de imperativa y categórica, si queremos emprender la “cruzada por el patrimonio” cultural (Lowenthal, 1986)  y en concreto por el patrimonio arqueológico, con esta noción que prima en nuestro marco jurídico vigente, las acciones en pro, serán un fracaso desde el principio y cualquier actividad a su favor, aún viniendo desde las esferas del poder federal son un sin sentido, un absurdo total, una burda manipulación y distracción para ejercer presupuestos y alimentar egos de funcionarios allegados; no todos los tepalcates, o incluso cualesquier material orgánico (sea fauna o flora o ambos), por el simple hecho de estar asociados a contextos arqueológicos precolombinos, deben ser considerados como patrimonio arqueológico; la categoría de patrimonio arqueológico debe ser vista como un proceso de constante interacción y negociación entre distintas instancias administrativas, institucionales y actores sociales: cognoscitivas, administrativas, de peritaje, de acuerdos políticos, sociales, académicos; una cosa específica son los contextos arqueológicos, que también deben ser protegidos jurídicamente, otra muy diferente son los materiales arqueológicos y otra cosa muy distinta son los patrimonios arqueológicos que deben estar bajo un régimen de ordenación jurídica más riguroso que el que debe proteger a los contextos y a los materiales arqueológicos, es decisivamente importante separar estos tres niveles de lo arqueológico y no confundirlos bajo un mismo título. Es necesario insistir en eso y en este aspecto, la teoría arqueológica es cuando debe hacer valer su importancia más allá del terreno académico y consignar ciertas bases axiológicas, valorar cognoscitivamente, más que ideológicamente, esa debe ser la consigna en la sociedad de hoy y del mañana temprano por lo menos.

 

En el Artículo 24 se lee: “El Estado mexicano, promoverá la recuperación de los monumentos arqueológicos de valor cultural para la nación mexicana, que se encuentran en el extranjero.” Esta propuesta refrenda lo que ya había señalado arriba: promueve y fomenta sentimientos chovinistas y nacionalistas que sólo conducen al conflicto diplomático entre naciones y pueblos, contraponiéndose al espíritu universal de las iniciativas que promueve la UNESCO. No se trata de promover y fomentar sentimientos de orgullo “nacional”, de enfatizar y de reforzar las diferencias, sino de superarlas y aceptar la diversidad.

 

Uno de los aspectos que en mi opinión podrían considerarse como parte de las “bondades” es que los afectados por una declaratoria puedan impugnar, como lo garantiza la Constitución en su artículo 14 y que no se ejerza inconstitucional y autoritariamente la aplicación de esta ley cuando en un predio hay tres tepalcates (por ejemplo) y paran las obras espantando e intimidando al propietario, argumentando la presencia de un “presunto” bien inmueble, disfrazando otros intereses; ambos proyectos pueden coexistir y propiciarse valores agregados uno con otro, es cosa de voluntades políticas, de disposición a diálogos, a negociaciones y renegociaciones. Democracia participativa es lo que se supone que queremos lograr como sociedad, pero algunos todavía quieren aferrarse a la culturilla del acaparamiento y del monopolio; con la interpretación que a menudo se hace de la LFMZAAH-72/86 por parte de algunos funcionarios y de algunos arqueólog@s cómplices, se alejan de la sociedad, más que ganársela.

 

Se ha dicho que CONACULTA entorpece y dispersa, más que coordinar las actividades, porque duplica actividades, esfuerzos y recursos,  eso es muy cierto, con cada gobierno se organiza y reorganiza la administración y se duplican y triplican las justificaciones para un presupuesto gastado en lo mismo tres veces o más, los funcionarios a veces no tienen mucha imaginación.

 

Una nueva ley para la protección del patrimonio cultural (con especial énfasis en el patrimonio arqueológico) deberá contemplar las siguientes observaciones que en su momento fueron expuestas de manera reiterada (en el aula, en publicaciones, en congresos, en el pasillo, etc.), por académicos de la talla de Enrique Nalda, entre otros; curiosamente también Manuel Gándara exponía ideas similares, digo curiosamente porque sabemos que hubo un chocado debate entre ambos.

 

Primero: Descentralización de las funciones del INAH, es un error que el INAH siga acaparando y monopolizando todas las actividades que tengan que ver con la toma de decisiones relativas al patrimonio arqueológico de todo el país entero, no quiero que se me interprete como un ataque frontal a INAH, ¡no!, el INAH es de la sociedad en general, me he formado con INAH y me siento parte de INAH, aunque algunos eventualmente tengan podersillo para marginarme laboralmente; es necesario que se les confiera facultad y poderes a otras instituciones para intervenir sin burocratizar jerárquicamente una decisión; otorgarles mayoría de edad a las entidades federativas y a los municipios, que los municipios puedan establecer alianzas para crear áreas regionales de interés patrimonial para dos o más municipios. Es también necesario legislar para crear la figura del “arqueólogo municipal” y establecer corresponsabilidad de tareas, los municipios podrán hacerse cargo de las tareas de mantenimiento, gestionar las zonas arqueológicas, INAH podría seguir administrando, pero la gestión puede y debería ser cooparticipativa. Las campañas en pro del patrimonio cultural, no solo deben apuntar a la concienciación de los actores sociales y colectivos culturales, también deben adecuarse a la participación directa y activa de estos entes. Los programas de PET (Programa de EmpleoTemporal) en coordinación con SEDESOL son un paliativo a esta necesidad ya reconocida, pero aún está limitada, bueno, algo es algo, vamos aceptar pues que hay un ligero avance en ese sentido.

 

Segundo: Los arqueólogos formados con el programa académico tradicional se ostentan como especialistas en cuestiones de patrimonio arqueológico; esto es una falacia. Necesitamos formarnos e incluir un enfoque decididamente sociológico, formarse en otras áreas que convergen con los aspectos sociales y políticos del significado que se les asigna a los bienes patrimoniales; antes no se contemplaban en el programa tradicional hegemónico materias y asignaturas que hoy por hoy son imprescindibles para tratar con cuestiones de patrimonio arqueológico en la sociedad contemporánea del siglo XXI; esa hegemonía ideológica de clase se ha derrumbado y es necesario reemplazar con modelos alternativos sus residuos dispersos e incrustados aún en las esferas institucionales que deciden por el patrimonio arqueológico; el Estado-Nación no era ni es homogéneo, se reconoció que el Estado-Nación es diverso y en virtud de esa diversidad deben proliferar las maneras y formas de hacer arqueología y no solo ideología de clase hegemónica (burguesa), este es y ha sido un paradigma que está desdibujándose, no regresemos al siglo XIX (y casi todo el XX), bueno en México, la caída del muro de Berlín, significa para la mayoría no más que un show donde cantan “otro ladrillo en la pared”.

 

La mayoría de las intervenciones que se hacen en pro del patrimonio arqueológico, principalmente las intervenciones de rescate y de salvamento arqueológico (no me interpreten como un ataque a la DSA-INAH) se realizan sin los estándares académicos universales (a INAH eso no le interesa, no es culpa del arqueólog@, sino de la estructura misma), muchas están lejos de alcanzar la excelencia académica, eso por un lado y por otro, para los desarrollistas, empresarios, urbanistas, etc, este proceso es más bien un trámite burocrático monopolizado por un sector institucional apadrinado en las entrañas de un Estado corrupto que contrata al arqueólog@ pasante por tres pesos, le violan muchos de sus derechos, se les trata mal y sin darles muchas veces la oportunidad de crecer profesionalmente a través de un ciclo completo, como sería la participación en un proyecto desde las fases tempranas de su elaboración, hasta la edición impresa de resultados. Este es un monopolio institucional que unos cuantos usufrutuan. Se pasan estos pequeños-medianos y grandes Zahis Hawas.

 

Falta decir más...

Va el reportaje de Proceso sobre este tema.

 

Nuevo embate contra la ley del patrimonio
Judith Amador Tello

La propuesta para abrogar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, recién presentada por el diputado priista Francisco Herrera Jiménez, está tan mal sustentada que “echa al bote de la basura más de 100 años de experiencia legal”, “abre la puerta de lleno a la explotación turística y económica del patrimonio” e intenta “legalizar” de facto al Conaculta, a decir de dos de los especialistas más serios en el tema, los antropólogos Bolfy Cottom e Iván Franco, doctores en derecho y ciencias políticas, respectivamente. 

MÉXICO, DF., 21 de marzo (Proceso).- Una iniciativa más de ley sobre el patrimonio, de las varias que han surgido desde la promovida en 1999 por el entonces senador panista Mauricio Fernández Garza, fue presentada el pasado 1 de marzo por el diputado federal por Veracruz Francisco Herrera Jiménez, miembro de la fracción parlamentaria del PRI e integrante de la Comisión de Cultura de la LXI Legislatura.

Esta nueva propuesta plantea la abrogación de la vigente Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, promulgada en 1972 y pretende incluir al llamado patrimonio “intangible”.

Además, crea el Sistema de Salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Nación, presidido por “el director general” del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), organismo al cual deja las funciones de orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar y dar seguimiento a los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas destinadas al cumplimiento de la ley.

Una “más”, porque a decir de dos investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) especialistas en legislación cultural consultados por Proceso, el documento está elaborado con tal desinformación e ignorancia de los temas, del sistema jurídico nacional, del derecho internacional y de la historia nacional en materia de salvaguarda y protección del patrimonio, que técnicamente no se sostiene.

Coinciden en que es, más bien, otro intento por “legalizar” de facto al Conaculta, ante la dificultad –admitida por la presidenta de la Comisión de Cultura, Kenia López Rabadán– de lograr consenso para la aprobación de una ley general de cultura.

Y es que el diputado, expresidente municipal de Papantla y quien se ostenta como miembro “distinguido” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) afirma en la exposición de motivos de su proyecto, titulado Ley general de protección al patrimonio cultural inmaterial y material de la nación, que el Conaculta, “sin ser cabeza de sector, sí tendría las facultades que de facto ya ejerce, de coordinar las políticas públicas encaminadas en la materia”.

En su cubículo de investigador de la Dirección General de Estudios Históricos, el antropólogo y doctor en derecho Bolfy Cottom, autor de Nación, patrimonio cultural y legislación: los debates parlamentarios y la construcción del marco jurídico federal sobre monumentos en México, siglo XX, entre otros libros, afirma que se trata de un proyecto “poco serio”, que no contribuye a solucionar problemas:

“Para empezar tiene motivaciones y fundamentos muy endebles. Por ejemplo: habla de los problemas de explosión demográfica, de los planes de desarrollo, de que ha aumentado el turismo cultural... En estricto sentido, ¿qué tiene que ver eso con la materia de la ley? ¿Qué vamos a poner en la ley, que la población ya no siga creciendo, o qué cosa?”

Expresa preocupación por el hecho de que el diputado (“no sé si no leen, no estudian o no se enteran”) haya pasado por alto que en 2009 se hicieron reformas a los artículos 4 y 73 constitucionales, lo cual permite distribuir competencias en materia de acciones y actividades culturales relacionadas con el gobierno federal, “excepto lo que se refiere a la fracción 25 del artículo 73 que es precisamente el asunto de las zonas y monumentos artísticos, arqueológicos e históricos”.

Para unir en su proyecto los conceptos de patrimonio material e intangible, continúa el especialista, el legislador utiliza dos convenciones de la UNESCO suscritas por México: la de salvaguarda del patrimonio cultural y material de 1972, y la de salvaguarda del patrimonio inmaterial de 2003. Pero el artículo 133 de la Constitución ya reconoce a los tratados internacionales como parte del sistema jurídico mexicano, siempre que no estén por encima de la Carta Magna. 

Tampoco consideró el diputado que en el artículo 124 se establece que lo que no es materia del gobierno federal lo es de los gobiernos estatales, y sucede así con el tema del patrimonio inmaterial. Ya existen legislaciones al respecto en estados como Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Coahuila. Y observa:

“Para hablar de la aplicación de una convención, de un instrumento de derecho internacional, hay que estudiar el sistema jurídico nacional. Cuando se aprueba la convención de 2003, México tenía ya 20 años de estar legislando en materia de patrimonio cultural inmaterial, de patrimonio cultural como concepto –digamos– en términos de la facultad de los gobiernos estatales.

“Uno de los grandes errores en las legislaciones nacionales es tratar de copiar literalmente lo que dicen los tratados internacionales, cuando de lo que se trata es de adaptar el contenido a la realidad de cada estado nacional; si no, se trasladan conceptos tan abstractos que nadie los puede aplicar.”

 

¡Vive México!

 

Desde Mérida, vía telefónica, el antropólogo y doctor en ciencias políticas Iván Franco dice en este sentido que el proyecto del priista desconoce no sólo las leyes ya existentes, sino la historia legislativa del país:

“En la exposición de motivos nunca menciona lo que se ha avanzado y lo que representó ese avance. Evidentemente hay una secuela de ignorancia, no toman en cuenta trabajos que han sido publicados por investigadores de los institutos o gente que tiene una mirada diferente de lo que ha sido el proyecto nacional. Les parece incómodo resaltar lo educativo, la investigación para la educación y la formación de identidad.”

A decir del autor de Los proyectos neoliberales sobre cultura y patrimonio cultural en México y Los obispos del PRI. El caso Berlié, es claro que el propósito es sencillamente utilizar al patrimonio cultural como algo que “enaltece”, hacer “difusión con campañas publicitarias tipo ¡Vive México! Y sabemos cómo opera esto. ¡Ahí se va todo el presupuesto! Le van a soltar al Conaculta vete a saber qué cantidad y a partir de eso te puede caer cualquier tipo de idea”.

Añade que aunque el proyecto no habla de la desaparición de los institutos INAH e INBA, en la realidad los “desprotege”, como se ha venido haciendo hace tiempo por distintas vías: presupuestal, operativa y a partir de acuerdos con los gobiernos estatales para promover el turismo.

“Lo que quieren es crear una megaestructura de poder, ahora no sólo ‘para la cultura y las artes’, sino para ‘la cultura, las artes y el patrimonio cultural’.”

Los dos investigadores coinciden en lo absurdo del argumento de legalizar la operación del Conaculta, que se ha colocado por encima de dos organismos cuando jurídicamente no debería ser así, pues “no por ocurrir en la práctica es legal, ocurre –dice Franco– por vicios de la propia legislación, han creado ese monstruo que les ha funcionado para crear clientelas. Eso es lo que quieren formalizar”.

Por su parte, Cottom añade que no se puede “seguir resolviendo problemas con más problemas, como el asunto del Conaculta”, y “hay estudios que demuestran que un órgano no puede estar por encima de otro de mayor jerarquía jurídica... Es preocupante porque el argumento es que el Conaculta viene realizando estas funciones de facto y esa es una verdad a medias, porque muchas de las discusiones, de las batallas que se dan entre las instituciones son precisamente por el respeto a la naturaleza jurídica de cada institución. Entones, si yo veo que de manera ilegal están matando gentes, ¿hay que hacer legal la matanza? Ese tipo de lógica no ayuda al funcionamiento administrativo de las instituciones”.

 

La derrama

 

En sus primeros párrafos de motivos, el diputado asegura que cuando se habla de patrimonio, “no es en el sentido económico ni comercial”, aunque se puede “generar una gran derrama económica” al “preservar y difundir las culturas”, aunque más adelante se explaya en la relación entre patrimonio y turismo. 

Menciona que la isla de Janitzio, cuyas tradiciones del Día de Muertos fueron declaradas patrimonio oral e inmaterial por la UNESCO, “es el claro ejemplo de la derrama que puede obtenerse al preservar el patrimonio cultural. La isla prácticamente subsiste del turismo que anualmente recibe de todas parte del mundo”.

También cita la declaratoria en el mismo campo de la ceremonia ritual de los voladores de Papantla, cuyo plan de manejo incluye el Encuentro internacional de voladores que se realiza en el festival Cumbre Tajín. “Sin cultura no hay turismo”, concluye citando el Estudio estratégico de viabilidad de turismo cultural en México, publicado por la Secretaría de Turismo en 2003. Y remata que “la premisa debiera ser el aprecio de la cultura per se, y la derrama económica como consecuencia de su salvaguarda y preservación”.

Para Iván Franco es claro que el proyecto retoma ideas planteadas por la UNESCO sobre cultura y desarrollo, “que lleva a comunidades muy pobres que no tienen otra posibilidad y les dicen hagan esto con su cultura y van a salir adelante. Es demagogia y el diputado se está montando en eso. Es claro cómo esta clase política del PRI, del SNTE, recurre a esos planteamientos y se olvida de toda la legislación que hay en México. Veo riesgoso lo de Cumbre Tajín, no lo pone como ejemplo, pero lo señala. Y da la impresión de que es lo que deberían hacer todos. Y ya sabemos el tipo de intereses que se han ido montando en Cumbre Tajín, que usan a la cultura como recurso. Ya se metió Televisa y se hace también promoción política con el festival”.

–¿La ley abre la puerta de lleno a la explotación turística y económica del patrimonio?

–¡Claro! Hay cada vez más un vínculo con la postura del propio Felipe Calderón, con la Ley General de Cultura. En esta dinámica de legalizar lo que ocurre, está en el fondo pensar cómo opera lo de Tajín. En los hechos él está pensando cómo legitimar estos eventos: Cumbre Tajín, Chichén Itzá, el usar –en un sentido de usufructo– las zonas, pero incluso el patrimonio inmaterial. Él menciona la Cumbre Tajín, donde embonan más cosas.

A su vez Cottom considera contradictorio que la ley plantee, por un lado, que en estricto sentido no ve al patrimonio desde el ámbito económico; y por el otro, hable de la gran derrama económica por su uso turístico. De por sí, advierte, con la ley de patrimonio actual (en la cual no se habla nada al respecto), predomina ya el carácter turístico, mercantil y comercial, “con una legislación más flexible el patrimonio correría un riesgo mayor”.

Enseguida indica que el tema del turismo cultural no es asunto de una ley del patrimonio: la Ley de Turismo ya lo contempla estableciendo que la promoción y difusión del turismo tendrá como principio la preservación del patrimonio cultural y natural. Para ello creó órganos donde están representados los institutos INAH e INBA. Lo que le sorprende es que de repente ocurra al revés y el INBA y el INAH asuman roles de promoción turística, porque “no son sus atribuciones”.

 

No pasarán

 

Franco lamenta que la ley prácticamente no mencione la relación entre educación, cultura e identidad, que sí está en el espíritu de la ley de 1972:

“Por eso digo que a ellos ya les incomoda, es una ley incómoda, y es paradójico porque la propia UNESCO tiene esos dos discursos: por un lado, que no debe separarse el vínculo entre educación y cultura; y por otro, que deben reformarse esquemas legislativos apuntalando la cultura para el desarrollo.

“Se distancia un concepto de otro, sobre todo como se ha dado en México, porque hay países donde no está tan vinculado a la educación, pero tienen sistemas educativos tan pero tan buenos a nivel básico y demás, que cuando entran como ciudadanos a la órbita de los derechos culturales realmente, se consolida su formación, como los españoles e ingleses. En México tenemos una secretaría de educación paralela que son Televisa y TV Azteca, que lo que hacen es maleducar a la población y ya la controlan infelizmente.”

Cottom expresa su confianza en que esta iniciativa está tan mal hecha que “no debería de trascender”. Apela al buen juicio de la comisión dictaminadora para que no tenga futuro, pues no tiene fundamentos ni argumentación para dejarse pasar y contradice lo que los propios legisladores han aprobado “constitucionalmente hablando”. Precisa:

“Echa al bote de la basura más de 100 años de experiencia legal... Es una falta de respeto a las instituciones de gobierno, a la sociedad misma, y a la memoria histórica y cultural de este país.”

El antropólogo comenta que hay otra iniciativa en curso presentada por la diputada panista Gabriela Cuevas, no para cambiar toda la ley actual, sino con reformas relativas a la supuesta “inconstitucionalidad” de la declaratoria de monumentos. Él ha precisado ya en otras ocasiones en estas páginas que no hay tal, pues los monumentos son de “utilidad pública” y los quejosos pueden ampararse apelando al artículo 27, el Código Civil que es supletorio (Proceso 1289). Y está también la Ley de Procedimientos Administrativos.

Aclara que no se trata de ocultar carencias en la ley de 1972, pero se debe tener muy claro de qué manera se incluye el recurso de defensa, pues se debe cumplir con el derecho de audiencia, pero considerar también que en zonas como los centros históricos, donde la población crece cada vez más, muchos serán los que se sientan afectados por una declaratoria.

“Infiero que ellos no han tenido la delicadeza o la cortesía de ir a las instituciones y preguntar cómo le hacen para esto o por qué ha habido resoluciones en contrario que dicen que la ley sí es constitucional, ¿no? Es falta de objetividad, de profesionalismo, de seriedad.”

Dice que si lo que se quiere es discutir un nuevo modelo de legislación del patrimonio cultural “por tomar la terminología del ámbito internacional”, deben ser claros y no tratar de argumentar que la ley actual es “monumentalista” o que no protege el patrimonio inmaterial, “porque su objeto no es el patrimonio cultural en general, son esos monumentos que tienen muchísimos años de venirse preservando por el Estado, y en el otro ámbito están legislando los estados”.

Y resume:

“El problema no es una ley o una institución, el problema es un modelo para salvaguardar una parte de la memoria nacional. Que estemos en épocas de globalización, neoliberales, de Estado proteccionista o lo que se quiera, el hecho es que existe ese fenómeno sociocultural y no porque estemos en la globalización lo vamos a poner en las leyes del mercado.”

Proceso/22 de marzo de 2011. 

 

Les decía, el naco papantleco de FRancisco Herrera, (hay perdón, ) no sabe lo que ha propuesto, fue un "encargo" de la oligarquía que tiene como fin socavar políticamente la fuerza que aún sostiene a la Ley del 72 (que también está caduca), pero lo más importante es justificar a la larga que el CONACULTA es pertinente, cuando lo que hace es estorbar y banalizar la cultura, convertir en babosadas a la cumbre tajín y chichén (que mrda es eso?), este funcionario evidencia que es un ignorante más al servicio de oligarcas mafiosos, al igual que muchos funcionari@s que ostentan cargos claves en inah, nacos e ignorantes, los nacos al poder............nada más oirlos hablar y cualquiera con sentido común +- informado diría que no valen tres pesos, 

El artículo constitucional al que se refiere Cottom, en la réplica de La Jornada (Amador Tello supra) dice textualmente: Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de
enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios,
museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de
los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para
legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes
encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios
el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese
servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. Los Títulos
que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la
República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad
intelectual relacionadas con la misma.

 

Lo preocupante es que por una parte los diputados deben estar conscientes, bueno, en la medida de sus posibilidades, que un cambio a la ley actual, que coincido en que requiere profundas modificaciones a efecto de fortalecer más la capacidad de salvaguarda y estudio por parte de la sociedad, si este no está bien diseñado tanto a nivel jurídico, científicoy sociológico, puede generar una especie de ley tipo frankestein, ecléctica y por demás inoperante, si asaber la que se tiene en vigencia adolece de problemas jurisprudenciales fuertes, pero el punto concreto es que la tendencia mundial es vender, textualmente, vender el patrimonio a como de lugar...eso es lo que no se puede ni debe consentir, lo de la intangibilidad o tangibilidad que discute Cottom me parece poco sustantivo.  El punto concreto y que no se señala con claridad es la causa o causas fundamentales por lasque se pretende la reforma, y las consecuencias de la misma, más allá del sonado epítome "la venta del patrimonio".  

 

El pueblo de México se merece algo mejor que un remiendo de Ley, nuestro patrimonio lo vale, lo merecemos con o sin INAH, (si es necesario que este desaparezca para que el patrimonio sea mucho mejor conservado,pues adelante y con la pena), pero así sea, sin embargo y antes de emitir leyes, se deben de medir y calcular muy bien las consecuencias de sus graves defectos conceptuales.  Una cosa debemos recordar, la verdad jurídica puede diferir de la verdad científica, qué más decir de la social; ... eso es muy preocupante.  Coincido con Cottom en la caducidad del modelo actual, y en la nula práctica educativa para reorientarlo (una telenovela tipo "el carruaje" propondría el Sr. Lujambio).

Saludos

Por otro lado, en una nueva ley de cultura, así en general, deberá (no digo debería, sino "deberá" ), incluir aspectos relativos a los patrimonios virtuales, más allá de los intangibles.

La globalización no implica que se tenga que vender el patrimonio, eso también está mal concebido e interpretado, pero sí generar desarrollo y éste se sobreentiende que no sólo es un desarrollo económico como muchos quieren ver (porque no tienen mayores referencias que los panfletos informativos que circulan), sino que es un capital cultural para una sociedad que se basa en el conocimiento (como lo son las sociedades del siglo XXI, no sé por que muchos que se supone que lideran estos temas, nos interpretan en clave marginal, si la dependencia es global),  por eso insisto, aunque algunos (yo sé quién fue) de la D III 24 intentaron callarme cuando dije esto en un foro (ICA-2008), que lo que se debe priorizar en la defensa del patrimonio y la herencia cultural, deben ser valores cognoscitivos, más que ideológicos y esto último, me parece que es el modelo que sustenta la ley del 72; ya todo eso...hoy por hoy...no nos sirve mucho y el día de mañana no sirve para nada.

El diputado ha retirado su propuesta. Este es un logro del Sindicato de Investigadores del INAH y otras organizaciones que manifestaron su desacuerdo con la iniciativa. Se abre nuevamente la oportunidad de aportar ideas y elementos que permitan proponer una ley moderna, actualizada y eficiente. He aquí la solicitud del Diputado:

 

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de marzo de 2011.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
Presente

Con fundamento en lo establecido en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito solicitarle respetuosamente su valiosa intervención ante los órganos legislativos correspondientes para retirar la iniciativa de ley que abroga la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y expide la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural Inmaterial y Material de la Nación, presentada por el suscrito ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados el 1 de marzo de 2011 y turnada a Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con objeto de realizar un mayor análisis del tema y dar apertura a las aportaciones y consideraciones de diversos actores del ámbito cultural que han expresado puntos de vista al respecto, en el afán de encontrar convergencias, dentro de un ejercicio pleno de pluralidad.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente y le reitero las seguridades de mi alta consideración.

Atentamente
Diputado Francisco Herrera Jiménez (rúbrica)

Publicado en la Gaceta Parlamentaria del miércoles 23 de marzo, 2011 p. 6 (documento adjunto)

Versión estenográfica de la sesión del 23 de marzo en la Cámara de Diputados en la cual se retiró la iniciativa para abrogar la Ley Federal de Monumentos: http://www.diputados.gob.mx/version_estenografica.htm

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